El ministro de Hacienda, Santiago Peña, había anunciado días pasados la intención del Gobierno de traer 100 ingenieros españoles, para que trabajen en el sector privado, debido a la escasez.

Peña hizo el anuncio durante un desayuno de trabajo organizado por la Cámara Oficial Española de Comercio.

En la oportunidad comentó que el sector privado había pedido que suspendiera un llamado del Ministerio de Obras, el cual requería la contratación de cien ingenieros. El pedido obedecía a que supuestamente iban a quedar sin esos profesionales.

Estas declaraciones cayeron muy mal a los ingenieros paraguayos, y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA), también se pronunció.

“Desde hace 4 años la FIUNA viene desarrollando varios programas tendientes a incrementar el número de ingenieros adecuadamente formados, así como magísteres y doctores en las áreas de ingeniería, resultado de éste esfuerzo en este tiempo el número de egresados pasó de 100 a 165 por año”, manifiesta un comunicado de la Institución.

El manifiesto agrega que han presentado esos programas al ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, “quien recibiera la recomendación durante su visita al Estado de Israel de contar con por lo menos 5000 ingenieros bien formados en Paraguay, si se pretende tener un país desarrollado”, recuerda.

Según el comunicado, también en el pasado acercaron a las autoridades gubernamentales propuestas para “mantener la calidad en la formación y que se incremente el egreso de 100 a 500 ingenieros por año”.

Para revertir el déficit de ingenieros en el país, los docentes, alumnos y egresados de la FIUNA recomiendan que el Ministerio de Hacienda actúe sobre el recorte presupuestario al Plan Financiero de la UNA. En ese sentido, señala que a través de la definición de topes máximos al presupuesto de la universidad, Hacienda está afectando al 70 % de la posibilidad de inversiones necesarias para aulas, edificios, equipamientos para laboratorios, pupitres, computadoras y software previstos para el año 2015.

“Mientras no se apuntale la formación de ingenieros, el Gobierno Nacional seguirá obligado a gastar en la contratación de empresas y profesionales extranjeros, más de lo que se requiere para la formación en cantidad y calidad de ingenieros paraguayos suficientes para nuestro país”, reflexiona el comunicado.

Una multitud se congregó este domingo para despedir los restos mortales de Carmen Ruiz Díaz y su hijo Roque, de 5 años, quienes fallecieron semanas atrás en aguas del río Monday, en la ciudad de Presidente Franco.

La escribana y su hijo fueron velados en el Complejo Velatorio del Este, sitio desde donde partió la caravana para dirigirse primero hasta la vivienda familiar, ubicada en el Área 4 de Ciudad del Este, y luego hasta el puente Monday, último sitio donde fueron vistos con vida.

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Tras estas breves paradas, el cortejo fúnebre prosiguió su recorrido hasta llegar a la localidad de Mayor Otaño, en el departamento de Itapúa, zona de la que Ruiz Díaz era oriunda y donde ya la esperaban otros familiares y allegados.

Luego del responso en la iglesia local, los féretros de madre e hijo fueron trasladados hasta el cementerio de la ciudad, lugar elegido como su morada final.

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Esta triste despedida se produjo mientras continúa la intensa búsqueda de la pequeña Isabela, de 3 años, cuyo cuerpo sin vida sigue sin ser encontrado hasta el día de hoy.

Buzos de la Prefectura Naval y de Itaipú Binacional, junto con bomberos y algunos voluntarios particulares, se encuentran abocados a estas tareas tanto en el río Monday, donde se produjo la desaparición de la niña, como así también en el río Paraná.

Paraguay figura en los primeros lugares en el ranking latinoamericano en el que, entre el 30 y el 50% de los casos de cáncer de próstata, se diagnostican en etapa metastásica, y los que la mitad de ellos fallecen en un lapso de primeros cinco años del diagnóstico.

El doctor Antonio Alcaraz, jefe del servicio de Urología del Hospital Clínica de Barcelona y especialista en uroncología, manifestó que la tendencia, muy similar en todos los países de la región, es consecuencia de la resistencia de muchos varones a concurrir a la revisión médica, que hace que cuando ya la enfermedad está avanzada, el Cáncer inició su fase destructiva y mortal.

“Mientras nosotros (en Europa) diagnosticamos solamente a un 5 o 10% de los enfermos en etapa metastásica, en Latinoamérica se viene diagnosticando entre el 30 al 50% del cáncer de próstata como metastásico y eso tiene una implicación muy directa en la mortalidad”, expresó el mismo, durante su intervención en foro científico que se realiza en México.

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La Organización Panamericana de la Salud (OPS), sostiene en un informe que el de próstata es el tipo de cáncer diagnosticado más frecuente en la población masculina en el continente americano con el 21,7% de los casos, seguido del cáncer de pulmón, con el 9,5% de los casos y colorrectal, con un 8 por ciento.

“Es una cuestión de acceso a la sanidad, pues en poblaciones de nivel socioeconómico más bajo y en programas de salud pública gubernamental las pruebas de diagnóstico precoz se implementan muchísimo menos y eso crea una grave asimetría en el manejo de los pacientes”, agregó Alcaraz.

“Pero incluso, en los pacientes que no podemos curar, existen determinados tratamientos que nos permiten prolongar la vida y utilizados en fases más precoces la efectividad es muy alta”, acotó.

La intervención fue encabezada por funcionarios de la Ande, en compañía de efectivos de la Policía Nacional y agentes del Ministerio Público, en el establecimiento ubicado en la localidad de Sapucai, departamento de Paraguarí.

La propiedad pertenece al exdiputado colorado Miguel Cuevas, y fue arrendada a la señora Ramona Peralta, quien reside en Alto Paraná.

En propiedad de Miguel Cuevas intervienen una granja ilegal de criptomonedas

El informe preliminar de la intervención refiere que se logró la incautación de 354 máquinas de criptominería, con una inversión aproximada de US$ 1.5 millones.

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La denuncia fue realizada por el Departamento Jurídico de la Ande ante el Ministerio Público, por sustracción de energía eléctrica, perturbación de servicios públicos y sabotaje, tras una medición de la línea de media tensión que ingresa a la propiedad.